El rescate de familias y emprendedores es posible a través de la Ley de la Segunda Oportunidad aprobada a mediados de 2015. Sin duda es necesario prevenir situaciones de alto endeudamiento pero en cualquier caso Escuela y Despensa, a partir de la cooperación con los diferentes agentes de la sociedad y entidades u organismos de carácter privado, se encuentra capacitada y en disposición de afrontar los abusos y presiones a las que son sometidas las familias y los emprendedores.
 Ley de la Segunda Oportunidad

Los ciudadanos emprendedores (autónomos y personas físicas) tienen la oportunidad y el derecho de revertir la situación de endeudamiento total mediante la reducción o anulación de la carga financiera acumulada de créditos privados.

Requisitos básicos:

  • Se pueden exonerar deudas privadas, de manera que el emprendedor haga frente a la totalidad de la deuda pública contraída; tanto la relativa a Hacienda como a la Seguridad Social.

  • Durante los 5 años posteriores, los acreedores podrán reclamar la totalidad de la deuda en determinadas condiciones. Por un lado, cuando el deudor haya obtenido beneficios a través de actividades no reguladas -economía sumergida-. Por otro lado, cuando mejoren las condiciones de solvencia del deudor.

La mejor opción es prevenir estas situaciones. En esta línea, la entidad se ofrece como parte mediadora con el objetivo de llegar a un consenso ante conflicto civil o mercantil entre familias/emprendedores y entidades financieras.

Las familias tienen la oportunidad y el derecho de anular las deudas de préstamos de hipoteca. Las entidades financieras a través de la asunción de del código de buenas prácticas abren la puerta a la reestructuración de deudas y la dación en pago, incluyendo familias desahuciadas.

Las familias cuentan también con la posibilidad, aprovechando la reducción del plazo de prescripción de deudas de 20 a 5 años, de eximir la responsabilidad del pago de deudas. Además, las entidades financieras tienen la posibilidad de ofrecer viviendas de alquiler social. Paralelamente, existe la opción de acogerse a oferta pública de vivienda.

Requisitos básicos como ciudadano de «buena fe»:

  • Haberse declarado insolvente y no haber estado culpable de la situación, de manera que no se ha optado por iniciar un concurso de acreedores sin cumplir las condiciones de insolvencia.

  • Haber intentado llegar a un acuerdo/conciliación por medio de un proceso de mediación con la entidad acreedora para mejorar las condiciones iniciales -quitas, u otras- en relación a la deuda.

  • No haber estado condenado por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.

Contra los abusos y las presionas a familias y emprendedores

Revertir el bloqueo que supone el hecho de estar vinculado a ficheros de morosidad (Asnef, RAI, Experian Badexcug, entre otras).

Es habitual que en estas situaciones, las familias y los emprendedores se encuentran incapacitados e indefensos a la hora de acceder a liquidez, darse de alta en líneas de luz y teléfono. En conjunto, se propicia un circulo vicioso del que es complejo salir sin un apoyo o asesoramiento.

Lucha y defensa en materia de intereses y comisiones que pueden considerarse abusivas, particularmente en relación con aquellas impuestas por entidades de préstamos rápidos (Kredito 24, Wanga, Vivus, entre otras).

Prestadores que se aprovechan de las familias y los emprendedores mediante la oferta de pequeñas cantidades, de hasta 700€, para pagar recibos de luz, teléfono y otros, a cambio de un interés excesivo y de usura.

 

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